MÁS Y MÁS ACRES PARAMILITARES.

El caso del Catatumbo

Hay en Colombia lugares en los que todos tienen un muerto. Doña Bertha comentaba las razones del asesinato de su joven hijo con una tranquilidad inusual mientras pedía más volumen en el estéreo. Tres mujeres que el azar había puesto en el mismo vehículo la escuchaban para luego, una a una, contar su propia historia, cuantos días habían buscado a sus vástagos hasta cuando hallaron sus cuerpos en el río o en cualquier otro lugar. Era una forma de solidaridad con Bertha y ella lo sabía. Compartían también su miedo que, tan cotidiano como el calor, llegó para quedarse y habita silencioso en las conciencias, en los cuerpos desamparados. Es esa mirada fría que escruta el rostro desconocido y hace de cada pregunta y cada respuesta un juego peligroso. La vida continúa, se esfuerza por mantenerse en esa tensa calma que intenta olvidar, o fingir que "no pasa nada" que tiene la invariable respuesta "yo no sé" casi como un acto reflejo. La riqueza y la extrema pobreza viven juntos en estas zonas; el bar, el burdel, las casas de tablas y techos de zinc, las carreteras eternamente en mantenimiento, los servicios públicos que ya ni siquiera se esperan y un Estado resumido en la presencia de la fuerza pública que incluso termina siendo un agente más de terror.
Estamos hablando del Catatumbo, en la actualidad, uno de los escenarios con mayores índices de violación de derechos humanos. Ubicado en el departamento de Norte de Santander, en zona de frontera con la República Bolivariana de Venezuela e integrado por los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata, La Playa y Teorama, con una población estimada de 176.472 personas según los datos del DANE para 2004.
El Catatumbo ha sido escenario de procesos de explotación de recursos minerales desde principios del XX y tiene un carácter estratégico por ser zona de frontera, corredor que conecta el norte y el sur del país y provee acceso a los departamentos de la Guajira y el Cesar. Por estas tierras se extiende parte del oleoducto Caño limón - Coveñas, y se producen entre otras cosas, Oro, Carbón, Mármol, Caliza, petróleo y en los últimos años, cultivos ilícitos.
Además de lo anterior, el Catatumbo es hogar de Los Motilón Barí una comunidad indígena conformada por unos 3129 individuos quienes habitan en el corazón del bosque húmedo tropical en dos resguardos que cubren un área de 122.200 has de las cuales 108.900 has corresponden al resguardo Motilón Barí mientras las restantes corresponden al resguardo Catalaura. Los Barí son un pueblo de sobrevivientes, su fama secular de fiereza tiene su origen en la defensa de sus territorios ancestrales frente a las agresiones desarrolladas contra ellos por los blancos desde hace más de cuatro siglos.
En la jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, San Calixto, Tibú y Teorama, se halla el Parque Nacional Catatumbo Barí creado para proteger un enclave de bosque húmedo tropical y los asentamientos de las comunidades indígenas barí,
Esta situación de riqueza natural, sin contar la diversidad de flora y fauna nativas, se ha convertido en el mayor problema para los habitantes del Catatumbo pues los ha puesto en la mira de los actores armados interesados en hacerse al control del territorio, mediante el régimen del terror al que someten a los civiles inermes y vulnerables ante los abusos y los señalamientos provenientes de los distintos actores armados.
COLONIZACIÓN DEL CATATUMBO
A pesar de la riqueza de estos territorios, donde los árboles sacudidos por la brisa pueden regalarnos el espectáculo de centenares de mariposas amarillas, la zona conservó hasta el siglo XX su carácter inhóspito, con procesos tardíos de colonización motivados en parte por el temor a los temibles motilones y en parte por enfermedades endémicas como el paludismo.
El proceso de colonización del Catatumbo fue orientado desde las cabeceras municipales de Hacarí; San Calixto, Teorama y Convención, construyendo franjas en sentido sur - norte que fueron a terminar en la frontera con Venezuela. Estas poblaciones fueron fundadas a lo largo del siglo XIX (San Calixto, 1851; Teorama y Convención, 1808) Nuestra Señora de Chiquinquirá de la Palma, actualmente conocida como Hacarí, surgió como resultado del auge de los cultivos de cacao; Teorama por su parte fue una parroquia próspera por la fertilidad de sus tierras, al punto que de ella afirmara Ancízar, que era ideal para el arribo de españoles laboriosos pues además de sus tierras ubérrimas, poseía dos salidas fluviales, una por el Río Catatumbo y otra por el Rió Magdalena.
La Caña de azúcar y el cacao fueron los productos que impulsaron el proceso de colonización desde el siglo XVIII, durante el XIX fueron importantes el café, la tagua y la chinchona. A partir del segundo decenio del siglo XX el café realiza de manera definitiva su vocación de producto para la exportación y durante el XX se mantiene junto con la caña, como el producto que ocupa el trabajo del campesinado.
El siglo XX fue definitivo para la región al transformar de las formas de vida, la composición social y en últimas la cotidianidad de las personas sacándolas de su tranquila vida agraria para ponerlas de golpe en el ruidoso siglo veinte. Petróleo en el Catatumbo, el Magdalena Medio, en el Putumayo, en el Urabá, en Arauca; y los hombres y los recursos seguían como cazadores por las selvas inexploradas que veían cómo se rompía su silencio ancestral, mientras el machete surcaba la selva abriendo trochas y los trabajadores caían víctimas de la miseria y el paludismo.
Junto con el petróleo llegaron las grandes compañías y sus recursos casi ilimitados, tras ellos los campesinos en busca de trabajo y posibilidades de asegurar su subsistencia y los camiones llenos de soldados enviados para dar seguridad a los nuevos amos rubios. El petróleo era el nuevo eje económico, la promesa de prosperidad.
GÉNESIS DE LA EXPLORACION PETROLERA
A principios del XX y en especial luego de la primera guerra mundial, se hizo evidente que el petróleo constituía un recurso estratégico para las potencias occidentales, Inglaterra, Francia, Alemania, EEUU, veían con claridad la importancia de controlar las zonas donde se constaba su presencia.
En el caso de nuestro país el "progreso" desde Reyes hasta Olaya, de Ospina Perez a Uribe, ha estado reducido a la extracción a cualquier costo de los recursos naturales –"patriótico" deseo que dejó a algunos beneméritos barones ilustres una ganancia adicional- como receta mágica para salir de nuestra eterna crisis fiscal.
El siglo XXI hay iniciado bajo la presión de las fuentes energéticas, su obtención es una obsesión que ha provocado en los últimos años invasiones, bombardeos y guerras en diversas partes del mundo; occidente está ebrio del licor negro que se esconde en las entrañas de la tierra, cuya obtención ha implicado jornadas inimaginables, en los lugares más inhóspitos de la tierra, enfrentando la muerte a cada instante. La explotación petrolera que ha animado a los gobiernos de América Latina a entregar territorios, vidas y autonomía enceguecidos por el resplandor del dinero, ha sido también combustible de la violencia, el despojo, el desplazamiento y la contaminación. Durante la colonia, el petroleo tuvo un uso marginal como calafate para las embarcaciones y en Colombia, Venezuela y Ecuador, casi de forma exclusiva como remedio contra la broma; durante el XIX en Colombia se comercializó para el alumbrado y el calafate de champanes. Solo hasta el siglo XX gracias a Joaquín Bohórquez y el olfato empresarial de Roberto de Mares (que demostró su habilidad en las maniobras realizadas para qué Bohórquez no viera un centavo del producto de su descubrimiento), el petróleo surgió como producto realmente valioso para el país.
El Catatumbo fue uno de los primeros escenarios de la explotación petrolera colombiana, la Concesión Barco, que abarcó un área cercana a las 200.000 hectáreas, fue el resultado del descubrimiento de petróleo superficial de alta calidad considerado el más grande escape de petróleo de alto grado conocido en el mundo.
Corría el año 1905 y en el poder se hallaba Rafael Reyes, quien luego vendría a convertirse en "dictador". Su idea de modernizar al país y desarrollar la industria le llevaron a emitir el decreto legislativo 34 de 1905 en el cual se otorgaban privilegios para la explotación de asfalto y aceites minerales a través de contratos que no estarían sujetos a licitación pública ni a aprobación del legislativo. ¿Será necesario decir que fue padrino de matrimonio de Roberto de Mares y que el general Virgilio Barco era un militar activo y uno de sus "consentidos"?.
De cualquier modo las dádivas de Reyes permitieron a Virgilio Barco hacerse con un jugoso negocio, tenía un año para entregar los estudios de la zona adjudicada por la concesión, así como para levantar los planos, en caso contrario el contrato caducaría y el territorio regresaría a manos de la nación. El contrato además definía que la participación del estado sería del 15% del producto neto y que dicho contrato tendría vigencia de cincuenta años.
Que el general no realizó los estudios requeridos para continuar con la concesión, es obvio; que perdió los derechos sobre esta, en absoluto. En 1917 el general solicitó permiso para vender sus derechos sobre la concesión a una compañía anónima colombiana que pudiera realizar la explotación. El gobierno en lugar de cancelar la concesión solicitó los estatutos de la compañía y nuestro general organizó rápidamente la Compañía De Petróleos De Colombia SA, esta empresa tenía cinco miembros colombianos, encargados de dar sonoridad criolla con sus nombres y tres socios norteamericanos encargados de dar el dinero para el negocio. Con la patriótica intensidad que le inspiraran los 100.000 dólares en efectivo que recibiera de los norteamericanos, el traspaso se llevó con celeridad a feliz término y Barco se reservó el derecho sobre el 15% del petróleo bruto de la concesión (obteniendo más ganancias que el Estado que obtenía tan sólo un 15% del petróleo neto) con esto el excelente negociante y en ocasiones general Virgilio Barco obtuvo una jugosa ganancia que le permitió incluso convertirse en mecenas del municipio de Cúcuta y en caritativo benefactor del Iglesia Católica.
La concesión Barco pasaría por manos del consorcio Carib Syndicate y finalmente iría a parar a la Gulf Oil Company, una de las "siete hermanas" del negocio del petróleo, mediante la Colombian Petroleum Company (COLPET). Esta empresa operó la concesión hasta 1936 cuando cedió sus derechos a la Texas Petroleum Company y a la Mobil Oilem. Para aquel entonces era indispensable buscar la forma de sacar el petróleo para llevarlo a algún puerto desde donde pudiese ser distribuido. Dado que el petróleo colombiano no podía salir por territorio venezolano, no hubo más remedio que pensar en un oleoducto que llevara el petróleo hasta la costa atlántica. El proyecto era una locura para la época, la zona carecía de vías para el abastecimiento de los trabajadores, y debía atravesar uno de los territorios más inhóspitos del mundo enfrentar a los temidos motilones con el propósito de sacar el petróleo hasta Coveñas tendiendo 430 km de tubería de 30 centímetros.
La Texas Company y la Soconny Vacuum decidieron trabajar en el proyecto de 80 millones de dólares aportando el 50% cada una.
En la operación trabajarían dos compañías, la COLPET se encargaría de la explotación del crudo mientras la South American Gulf Oil Company (SAGOC) sería la encargada de instalar y operar el oleoducto, para lo cual contrató el trabajo con la firma británica Engineer Limited y en 1938 se iniciaron los trabajos. Como lo recuerda Anderson "se dibujó una línea recta desde los campos de Petrólea a través de la selva, las ciénagas, la cordillera de los Andes y los terrenos casi el nivel del mar hasta Coveñas, puerto en el Caribe entre Cartagena y Panamá". Para octubre de 1939 el petróleo empezó a fluir hacia el atlántico a través del oleoducto.

La Concesión Barco atravesó múltiples demandas de las cuales salió siempre victoriosa en parte gracias a los buenos oficios de altos funcionarios norteamericanos con claros intereses en la explotación petrolera y en parte gracias al patriotismo de algunos altos funcionarios colombianos entre los cuales se destacó el mismo presidente Olaya Herrera. Finalmente por resolución 104 del 25 de mayo de 1971 la concesión Barco
se declaró caduca. Sería el inicio de un nuevo capítulo de irregularidades. La COLPET disminuyó su producción hasta el límite que impedía perder dinero y lentamente, sin reparo alguno desmanteló las instalaciones para evitar que cuando hubiese que restituirlas a la nación, Ecopetrol pudiera aprovechar la maquinaria y convertirse en competencia en el negocio petrolero. La maquinaria arruinada por el óxido, la maleza y un soflente, era chatarra inservible que quedaba como legado de la concesión junto con una deuda al fondo de prestaciones de los trabajadores que se acercaba a los $700 millones y que Ecopetrol hubo de adquirir. La caducidad del contrato no significó la reversión al Estado de las instalaciones en forma gratuita, en carta abierta el sindicato de trabajadores de la COLPET denunciaría que "la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) ha adquirido, a título de compra, el 49 .9% de las acciones de la Mobil Oil Co en la Colombian Petroleum Co.; que la Texas Petroleum Co., ha prometido en venta, también a Ecopetrol, las acciones con que cuenta en la Colombian". Total, el petróleo salió, la infraestructura fue intencionalmente dañada y Ecopetrol compró las acciones de la compañía que debían revertirse en forma gratuita a la nación recibiendo como obsequio adicional una deuda de $700 millones que debería haber sido pagada por quienes durante 30 años se lucraron de la explotación petrolera, ver para creer.
Y a todas estas ¿progreso el Catatumbo? Veamos. Para 1993 en 55.02% de los municipios del Catatumbo carecían de energía el 59.4% no tenían acueducto y el 75 .9% carecían de alcantarillado.
Los carreteables y asentamientos estimularon las migraciones de personas que llegaron de todas partes buscando puesto como empleados de la compañía, ningún control se estableció a los procesos de deforestación realizados no sólo por la compañía petrolera, que requería instalaciones y vías como ya se dijo, sino también por los colonos que buscaban hacerse a su parcela. A estas zonas sin Estado iría a parar las organizaciones guerrilleras en los setentas.
Si la explotación petrolera no generó la creación de hospitales y escuelas, fue generosa a la hora de financiar reinados y burdeles, estos últimos piezas clásicas dentro de las economías de enclave que, como bien se sabe, no generan desarrollo económico alguno pues no están orientadas al fortalecimiento de los mercados del país en el que se desarrollan sino básicamente a la extracción con fines exportadores.
Lo que si resulta claro es que el impacto ambiental y cultural (sobre todo expresados en la presión que tuvieron que vivir las comunidades étnicas de la zona) dejaron estragos enormes y una lamentable carga de recuerdos de agresiones e injusticias. Así las cosas, ¿Qué fue entonces de la promesa de progreso? ¿Quedará aun gente en Colombia que de buena fe pueda creer que la entrega de recursos a las empresas transnacionales constituye una vía racional o siquiera posible al "progreso"? ojalá no.
LAS DINÁMICAS DE LA VIOLENCIA
Otro de los resultados derivados de la presencia de empresas petroleras en el Catatumbo fue el arribo a estas zonas de grupos guerrilleros tenían en las empresas norteamericanas un blanco ideológica y políticamente justificado.
Durante los años setentas llegaría el ELN a este lo seguirían las FARC y el EPL. El primero estos grupos obtuvo el predominio en la zona durante los años setentas, ochentas y noventas, estableciéndose particularmente en zonas rurales y montañosas.
En los noventas el paramilitarismo llega a la provincia de Ocaña como resultado de un proceso de presión sobre el ELN que ya se había dado en el Cesar, con el propósito de debilitar al grupo guerrillero y obtener el control del corredor existente entre el sur de Cesar, Cúcuta y el Catatumbo. En 1999 se desarrolla la arremetida desde Ocaña a Tibú que dejó como resultado las tristemente recordadas masacres de Tibú y La Gabarra. La avanzada paramilitar se dirigió luego, en 2001, contra El Tarra, Convención, Teorama San Calixto, Hacarí y el Carmen. Las tasas de homicidio se dispararon, en El Tarra por ejemplo, llegaron a los 467 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras Tibú alcanza los 675 homicidios durante el año 2002 (esto sin contar los datos que el miedo impidió denunciar).
El propósito del paramilitarismo era debilitar al ELN, grupo armado que tradicionalmente había tenido el dominio del área, y hacerse con el control de una zona geoestratégica tanto para la lucha contrainsurgente como para el comercio de la droga y el acceso al mercado de armas provenientes del lago Maracaibo.
Esta situación ha provocado que el ELN en los últimos años haya realizado una ofensiva en busca de recuperar los espacios perdidos, sin embargo en la actualidad los verdaderos factores de poder son las FARC y el paramilitarismo, las primeras intentando copar los espacios que han ido quedando vacíos y en algunos casos respaldando al ELN en la lucha contra los paramilitares. Por su parte estos últimos, como actores consolidados, han logrado mantener invisibilizados los asesinatos, robos y abusos cometidos. Los niveles de impunidad permiten estas situaciones, verbigracia entre el año 2000 y 2004 se realizaron 39 masacres de las cuales 9 fueron imputadas a las AUC, 8 a las FARC y 2 al ELN, el número de casos cuyos responsables están sin establecer es de 20. En el caso de los homicidios cometidos en la zona entre 2003 y 2004 el 77% no tienen un autor establecido, en el caso particular del año 2004 la cifra llega al 92%.La pugna entre guerrilla y paramilitares por el control del territorio se ha traducido en la realización de homicidios selectivos, desplazamientos masivos, secuestros y bloqueos económicos frente a los cuales la población más vulnerable es la formada por indígenas, colonos y campesinos.

Así como la tasa de homicidios en el Catatumbo ha crecido como producto de la lucha por el control territorial alcanzando promedios más altos que los nacionales o los departamentales (lo que demuestra que la zona marca los ritmos de violencia en la región), en cuanto al desplazamiento forzoso las cosas son igualmente lamentables. En 2002 el municipio de Convención que había sido blanco de la presión paramilitar vio como 12534 de sus habitantes tomaban sus cosas y salían para resguardar su vida. En el mismo año 4396 personas salieron de El Tarra y otras 4375 salieron de Tibú. En total, según los datos de la Red De Solidaridad Social, en 2002 solo en la región del Catatumbo 24.241 personas se vieron forzadas al desplazamiento.
La presencia del Estado en la región en la actualidad, se ha limitado a las acciones de fumigación y a la ofensiva del ejército en el marco de la llamada "Operación Holocausto", desarrollada especialmente en Tibú, El Tarra y Teorama, por efectivos del Batallón Contra el Narcotráfico Uno, dirigida especialmente contra el frente 33 de las FARC que opera en la región. Los procesos de fumigación por su parte se iniciaron en el 2000 en el corregimiento de La Gabarra y luego se extendieron a los demás municipios de la región. El resultado de estas fumigaciones no ha sido otro que el desplazamiento de la población que ve como se pierden sus cultivos de pan coger y surgen problemas de salud en la población mientras los cultivos ilícitos son poco o nada afectados. Se calcula que cerca de 30000 personas fueron desplazadas como consecuencia de las fumigaciones ordenadas por el gobierno en 2003 "en la región del Catatumbo , por ejemplo, donde la destrucción de narcóticos estuvo acompañada de una ofensiva militar llamada "Operación holocausto" más gente fue desplazada en 2003 que en ninguna otra parte de Colombia" la mayoría de los desplazados no son registrados como desplazados sino como "migrantes" y por ello no figuran dentro de las listas de desplazamiento interno. Sobra decir que la estrategia de las fumigaciones termina sirviendo de mecanismo para la apropiación de las tierras que los campesinos se ven obligados a abandonar para ir a parar en ocasiones, en el peligroso oficio de "raspachines". Los procesos de fumigaciones han sido inútiles para la lucha contra los cultivos ilícitos, dado que solo se elimina 1 de cada 11 hectáreas fumigadas (aun cuando en Nariño se fumigaron el doble de las hectáreas existentes y la siembra aumentó un 17%).
Igualmente el Estado ha instalado controles al acceso de bienes de primera necesidad que aún cuando en este momento son menos estrictos, en 2004 (como tuvieron oportunidad de apreciar quienes asistieron a la Misión Humanitara "Por la vida en el Catatumbo") crearon una verdadera emergencia humanitaria dado que además del ejército, las AUC también han impuesto bloqueos económicos que provocaron aumentos de los precios y desabastecimiento.
¿Y qué ha sido de la presencia del Estado en esta zona rica en recursos hídricos, minerales y de fauna y flora, pero que a su vez padece los rigores de la miseria "aisladas del resto del país por los controles en la vía y la falta de comunicación telefónica, con crisis alimentaria, sin salud y sin posibilidades de educación" en donde los paramilitares, son reconocidos por la población y vestidos de civil se pasean por los pueblos sin que ninguna autoridad haga nada al respecto?.
Definitivamente, el Catatumbo es un ejemplo de lo que en la actualidad podemos definir como el triunfo paramilitar. Su propósito de consolidar un corredor que conecte el Urabá antioqueño con el Catatumbo para poder, desde allí, obtener acceso al departamento de Arauca, se ha logrado casi en su totalidad, con ello buscan no solo aislar a los grupos insurgentes en una franja que impida sus movimientos del centro al norte del país, sino también obtener el control del tráfico de la droga hacia Venezuela y del mercado de armas que se desarrolla por el Lago Maracaibo. Por otra parte la dinámica de desplazamientos forzados, amenazas y asesinatos a humildes campesinos e incluso a los terratenientes que hasta hace poco tiempo los financiaban, ha dado al paramilitarismo el control de aproximadamente 5 millones de hectáreas siendo los departamentos más afectados el Tolima, Putumayo, Chocó, Antioquia, caquetá, Cauca, Bolívar, Cesar, Guaviare, y desde luego, Norte de Santander. Su posición a nivel institucional (para nadie es un secreto su poder y altísimo grado de infiltración en el Estado en todos los niveles) empieza a ser inocultable y la población debido a los enormes desaciertos de la guerrilla y a un evidente manejo de medios, ha terminado justificando las acciones atroces de estos grupos. Todo esto configura lo que ha empezado a denominarse "paramilitarización de la sociedad" entendida esta como la aceptación del paramilitarismo como mediador en el espacio de lo social. Actualmente cuando el proyecto paramilitar florece en todo el país se inicia un proceso de desmovilización que, en el caso del Catatumbo incluyo al Bloque Móvil Catatumbo y al Bloque la Gabarra (que sumaron 1400 hombres), y mediante el cual se terminará legalizando la tierra y la riqueza arrancada a los campesinos de Colombia mediante el ejercicio del terror y permitiendo el mantenimiento del control de estos grupos que continuarán vestidos de civil brindando "seguridad" a las regiones en las cuales su poder es incuestionable.
La "Ley de Justicia y Paz", como se repite en los medios de comunicación de manera sospechosamente obsecada, aparece hoy como una vía al conflicto como una solución que ha de traer la paz mediante una descarada generosidad para con aquellos que han sido responsables de crímenes atroces. Para nada parecen contar los 2.300 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas durante el proceso de desmovilización ni los miles de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y demás acciones militares y criminales realizadas contra la población civil, en casi la totalidad del territorio nacional, aún en vigencia del cese de hostilidades, sin que el Gobierno ni la Misión de Apoyo a Procesos de Paz en Colombia (MAPP/OEA) se pronuncien.
¿Qué hacer con los familiares de las victimas de estas acciones, con los más de 13.000 asesinatos políticos y desapariciones forzadas de personas ocurridas desde 1996 o con las 2.218 infracciones al DIH registradas entre enero y diciembre de 2004?
La salida en nombre de la paz, es para el gobierno indultar a los asesinos de miles de colombianos, aumentar los niveles de impunidad que en zonas como el Catatumbo llegan al 92% y afirmar alegremente que todo esto se hace para buscar la paz de Colombia.
Entre tanto se sigue manteniendo una política de guerra total, de militarización creciente en la que la guerra sigue tomando la palabra mientras las víctimas y la ciudadanía se mantienen en silencio. Ahora bien, ¿cómo podrían estar conectados los procesos de explotación petrolera, la violencia guerrillera y paramilitar, los procesos de desplazamiento, las políticas de fumigación, la operación holocausto y en fin todo este proceso que durante el siglo veinte ha sido, como dice el tango de Discépolo, problemático y febril para las personas que habitan el Catatumbo?.
Por una parte resultaría muy ingenuo pensar que el fortalecimiento paramilitar –generalizado en el país- que permitió a este grupo el dominio pleno del Catatumbo se desarrolló ante la impotencia e ignorancia del gobierno. Más probable resulta creer que estas dinámicas de violencia tuvieron como propósito despejar la zona para la llegada de los nuevos proyectos de explotación de recursos naturales, esto con la complicidad del Estado colombiano que permitió que se cometieran innumerables atrocidades contra la población civil. En este juego de intereses, pareciera que una vez controlada la zona, cuando los paramilitares han logrado apropiarse de miles de hectáreas y manejan buena parte del negocio de la droga, el Estado consideró que la tarea estaba lista y que podía prescindir ya de estos grupos. Así como en la violencia partidista, -primeras experiencias de formas de violencia para Estatal- los grupos de pájaros o las primeras guerrillas liberales desarrollaron actividades con pleno respaldo de los jefes hasta que estos consideraban que ya no eran necesarios e iniciaban las persecuciones y las censuras. En el caso actual el Estado ha usado al paramilitarismo para sus objetivos y ahora, cuando se constituyen en un grupo militarmente muy fuerte, no pueden abiertamente declararle la guerra. Así las cosas no hay más remedio que firmar la paz en sus propios términos y procurando el mayor silencio posible para ocultar quizá, los nombres de aquellos honorabilísimos personajes que han promovido, financiado y obtenido ganancias de las acciones paramilitares.
La Ley de Justicia y Paz es el último momento de esta gran cadena y representa la mayor prueba de la complicidad del Estado en el desarrollo del paramilitarismo ya que termina dejando en manos de los victimarios la riqueza obtenida tras años de inaceptables violaciones a los derechos humanos, dando espacio para que los dineros obtenidos sean "lavados" –no de otro modo se explica la increíble devaluación actual del dólar- llenando el mercado de dólares "desenterrados". El silencio cómplice del Estado pareciera decirlo a coro más-acres paramilitares.
Ahora que el gobierno niega que tenemos conflicto armado y plantea la lucha como enfrentamiento contra el "narcoterrorismo" se hace más evidente que en Colombia el problema es más histórico, social, económico y humanitario y que es un deber de la ciudadanía en general rodear a las víctimas y elevar su voz para quebrar el silencio espeso y ensangrentado de la impunidad.

servido por Magroll el Gaviero 1 comentario compártelo